IBRAM y la Policía Federal impulsan rastreo geológico del oro en Brasil
El Instituto Brasileño de Minería participó en un seminario internacional enfocado en el uso de tecnología y bases de datos geológicas para frenar los ilícitos y reducir el impacto socioambiental en la cadena del oro.
El avance de actividades ilícitas en la minería aurífera presiona por herramientas técnicas que certifiquen el origen del metal y frenen los impactos en el entorno. En Brasilia, el Instituto Brasileño de Minería (IBRAM) intervino en el 2º Seminario Internacional sobre Actividades Ilícitas y Rastreabilidad en la Cadena de Suministros del Oro, un encuentro convocado por la Policía Federal para discutir mecanismos de control, transparencia y sostenibilidad.
Durante la cita del 2 de diciembre, el vicepresidente del gremio, Fernando Azevedo, expuso junto al director de Asuntos Mineros, Julio Nery, y la gerenta de Investigación y Desarrollo, Cinthia Rodrigues. El foco estuvo en cómo las herramientas tecnológicas de monitoreo previenen fraudes y protegen los territorios frente a las extracciones fuera de norma.
Geología para identificar el origen del metal
Uno de los proyectos centrales expuestos por el gremio es la colaboración que mantiene desde 2021 con la Policía Federal. El plan consiste en estructurar un banco de datos geológicos de los yacimientos de oro de Brasil. Este registro busca rastrear las muestras del metal e identificar de qué yacimiento salieron a través de sus rasgos geológicos particulares.
El avance de esta iniciativa contempla la inauguración del laboratorio de Microscopía Electrónica del proyecto. De acuerdo con Azevedo, este desarrollo de largo plazo cuenta con el respaldo de las compañías socias del IBRAM para consolidar un seguimiento científico del mineral comercializado.
Medidas de control y cambios normativos
El gremio repasó los hitos alcanzados desde el primer seminario de junio de 2022. Entre ellos figura un acuerdo firmado en enero de 2024 con la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia para ejecutar estudios técnicos e intercambio de prácticas, lo que derivó en un curso de gestión de crisis en Paracatu en julio de ese año.
En el plano regulatorio, Azevedo mencionó la Resolución ANM nº 129/2023 de la Agencia Nacional de Minería, que obliga a registrar las ventas de piedras y metales preciosos para evitar el lavado de dinero. A esto se suma la exigencia de factura electrónica por parte de la Receita Federal y los procesos judiciales (ADI 7273 y 7345) en los que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendió la llamada «Ley de Buena Fe», norma que asumía la legalidad automática del oro comprado. Para Azevedo, estas medidas «representan un gran avance para la sociedad y refuerzan las buenas prácticas adoptadas por quienes operan dentro de la ley».
Qué significa para el sector
La combinación de microscopía y fiscalización documental apunta a cerrar el paso al mineral de procedencia dudosa, un problema que golpea directamente a las comunidades y los ecosistemas amazónicos. Para la industria formal, contar con huellas geológicas verificadas reduce los riesgos legales y eleva las exigencias de cumplimiento en toda la cadena de custodia regional.
